Publicaciones de la Universidad Rafael Landívar

El tema de la estructura y la conflictividad agrarias fue retirado de la agenda nacional por los gobiernos de Guatemala hace más de una década. Los gobiernos de corte neoliberal en el posconflicto siempre trataron de desviarlo, asegurando que el campo y la agricultura no son alternativa para una población que lucha por salir de la pobreza. La institucionalidad agraria creada después de la firma de la paz en 1996 fue desmantelada por el gobierno de Alejandro Giammattei en 2020. No obstante, la demanda campesina y los desalojos de comunidades rurales se han mantenido a lo largo de los últimos cinco gobiernos de la posguerra; y la dinámica de acaparamiento de tierras y concentración de la propiedad agraria por la agroindustria y otras industrias extractivas ha continuado su avance.

El tema de la tierra es sensible e incómodo de abordar porque nos hilvana el pasado con el presente. Ha estado en el origen de conflictos sociales y violencia en todo el país. Fue una de las causas fundamentales que motivó el conflicto armado interno que vivimos como sociedad a lo largo de más de tres décadas. El tema agrario afecta directamente a una porción significativa de la población guatemalteca que es empobrecida y excluida sistemáticamente, guarda relación con la «certeza jurídica» y la «calificación de país» para las inversiones que se desea atraer al país, y es un tema que –en definitiva– seguirá presente y marcará el futuro, máxime en un país multiétnico cuya relación con la tierra y arraigo territorial son profundos para las comunidades y los pueblos indígenas.